El diputado local del verde y ex alcalde de Bahía de Banderas, José Gómez, podría enfrentar un segundo capítulo judicial por privación ilegal de la libertad y tortura, luego de que un empresario presentara un amparo ante un Juez de Control en Bucerías, que podría desencadenar el desafuero del legislador y una nueva vinculación a proceso.
José Gómez Pérez, diputado local del distrito 17 de Nayarit por el partido Verde y expresidente municipal de Bahía de Banderas, nuevamente se encuentra tambaleándose en la cuerda floja ante la posibilidad de que un segundo capítulo de su caso por secuestro y tortura sea escrito.
Ha trascendido que un Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, de la Región V, ubicado en Bucerías, concedió al empresario Eduardo Valencia Castellanos un amparo indirecto que invalida la audiencia celebrada en mayo del 2023 en donde se exoneró a Gómez Pérez de responsabilidad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tortura por omisones.
Con esto, se podría emitir una orden de aprehensión en contra del legislador, a la par de que se le inicia un proceso de desafuero político para poder llevarlo a juicio.
Ahora bien, en México existe un principio legal que impide que un ciudadano sea juzgado dos veces por el mismo delito, que es en teoría lo que estaría pasando aquí, pues recordemos que Gómez se declaró culpable de abuso de autoridad, tortura y lesiones en enero del 2020.
Sin embargo, como en casi todo, una cosa es lo dicho y otra lo hecho, y es que en el país ya se han dado casos en donde una persona enfrenta más de un proceso penal por el mismo crimen por cuestiones excepcionales.
Incluso, en un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se explica que los funcionarios públicos son entes que están expuestos a recibir múltiples sanciones por un mismo delito.
“En efecto, si existe la posibilidad de una pluralidad de sanciones por un solo hecho, ello es consecuencia obviamente de que existe una previa pluralidad de tipificaciones infractoras del mismo, porque, si sólo existiera un único tipo normativo, es claro que sólo podría haber una sanción… De modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones…”
Así que podríamos estar presenciando próximamente a un segundo servidor público relacionado a la 4Ten Nayarit enfrentar un desafuero, pues el pasado mes de noviembre el ahora ex magistrado Rodrigo Benítez Pérez también fue despojado de su inmunidad política.