La presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambios a la Ley de Amparo para que sea más difícil detener actos de autoridad mientras se resuelven los juicios. La propuesta busca que los jueces evalúen mejor cada caso y no den suspensiones que afecten al interés público o el orden social.
La propuesta incluye definir el concepto de interés legítimo, lo que permitiría proteger derechos colectivos, como el medio ambiente, y evitar el uso abusivo del amparo para impugnar normas en general. Además, establece que no se concederán suspensiones en actividades que operen sin permisos, ni en casos relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, incluyendo bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La reforma también busca garantizar que, mientras se resuelve el juicio, los recursos esenciales como salarios, alimentos o créditos hipotecarios estén protegidos. La suspensión definitiva sólo podrá aplicarse para recursos cuya legalidad esté acreditada.
Según la propuesta, entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, más de 3,600 demandas de amparo se presentaron contra bloqueos de cuentas, de las cuales 1,407 suspensiones definitivas desbloquearon alrededor de 27,000 millones de pesos. La reforma propone que estos mecanismos se utilicen de manera más controlada y transparente.
Hasta el momento, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, informó que la reforma a la Ley de Amparo va a Parlamento Abierto.
