En Nayarit, el tablero político rumbo a 2027 se está moviendo y casi todos los reflectores apuntan hacia un mismo nombre: Héctor Santana y no por méritos propios o por su presencia como alcalde de Bahía de Banderas, sino porque tal vez el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero estaría abriendo el camino para que sea él quien herede la gubernatura.
Las señales no son sutiles. Desde hace meses, el entorno político en el estado muestra un patrón: mientras algunos perfiles se ven debilitados, el camino de Santana luce cada vez más despejado. Y esto, para quienes siguen de cerca la dinámica del poder en Nayarit, no es casualidad.
Navarro ya ha mostrado antes la capacidad y la disposición de intervenir en las contiendas internas. Basta recordar lo ocurrido con Mirtha Villalvazo, entonces alcaldesa de Bahía de Banderas, cuando buscó su reelección. La relación política se quebró, surgieron acusaciones, y el desgaste fue inevitable. Hoy, la historia parece reeditarse, pero con la gubernatura en juego y con actores distintos.
En el centro se encuentra ahora otra aspirante: Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic. Y es alrededor de ella donde se han acumulado episodios que podrían interpretarse como intentos de sacarla del tablero. Todo empezó cuando se abrieron carpetas judiciales contra ella y su equipo. El golpe más fuerte fue el arresto de su coordinador de gabinete, Alejandro Galván, en septiembre pasado, una acción que varios leyeron como una advertencia directa desde el poder estatal.
El episodio más reciente, es la detención de Juan Antonio Echeagaray, exsecretario general de Gobierno y figura muy cercana a Ponce. La aprehensión, realizada sin previo anuncio por parte del gobierno del estado ni de la Fiscalía, encendió las alarmas por su oportunidad política. Echeagaray había expresado en el día de su detención su respaldo público a Geraldine Ponce como posible candidata para 2027.
Ahora bien, si las acciones emprendidas contra funcionarios o exfuncionarios se justifican como parte del combate a la corrupción, ¿por qué no se aplican los mismos criterios dentro del propio círculo del gobernador? ¿Por qué no hay investigaciones visibles contra figuras como el fiscal Petronilo Díaz Ponce, señalado desde hace años y sin que hasta ahora se observe voluntad para esclarecer su actuar?
Mientras todo esto ocurre, el nombre de Santana avanza sin resistencias visibles. No enfrenta señalamientos públicos, no enfrenta escándalos, solo los que él mismo se ha ocasionado; además, cuenta con la cercanía política al gobernador. Para muchos, el contraste es contundente como para no interpretarlo como un ordenamiento del terreno en favor del sucesor preferido. Y en política, cuando las piezas se acomodan siempre hacia un mismo lado, es difícil sostener que se trate de una simple coincidencia.
