Las ganancias del robo y contrabando de combustible en México son utilizadas por cárteles del narcotráfico para financiar campañas políticas, influir en medios y sobornar a funcionarios, de acuerdo con un reporte del gobierno de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro señala que grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa emplean estos recursos para impulsar a políticos que posteriormente protegen sus intereses.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) detalla un esquema conocido como “huachicol fiscal”, que consiste en importar combustible desde Estados Unidos evadiendo el pago del IEPS mediante empresas fachada y documentación falsa. Los cargamentos son declarados como otros productos para evitar impuestos, presuntamente con apoyo de actos de corrupción en aduanas.
El informe también advierte que estas redes utilizan transferencias internacionales, criptomonedas y efectivo para mover recursos, los cuales son lavados mediante la compra de bienes de alto valor.
En junio de 2026, autoridades estadounidenses sancionaron a presuntos operadores financieros vinculados con estas actividades, señalando que el contrabando de combustible es ya una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
