Los turistas que visiten Bahía de Banderas podrían pagar un nuevo cobro de 46.92 pesos por persona por concepto de “derecho de saneamiento ambiental”, además del 5% del impuesto sobre hospedaje que actualmente se aplica, en caso de que la propuesta presentada ante el Cabildo avance sea aprobada por el Congreso de Nayarit.
La iniciativa, impulsada por la regidora de Morena, Maribel Rodríguez Orozco, plantea un cobro equivalente a 0.40 UMAs, destinado a financiar acciones de saneamiento, limpieza y mantenimiento de playas, manejo de residuos y otros servicios relacionados con la actividad turística.
La regidora aclaró que la propuesta no representa todavía un impuesto ni un cobro aprobado, sino una ruta de análisis para determinar si resulta viable implementar este derecho.
“Hoy quiero ser muy clara, hoy no estamos aprobando un cobro ni estamos aprobando un impuesto. Lo que proponemos es una ruta de análisis para estudiar la viabilidad de un derecho de saneamiento ambiental que solamente podría ser exigible posteriormente si se incorpora a la Ley de Ingresos y se aprueba en el Congreso”, explicó.
De acuerdo con la iniciativa, los recursos podrían representar una recaudación estimada de entre 157 y 263 millones de pesos, dependiendo del número de visitantes sujetos al cobro, y tendrían como destino acciones de limpieza de playas, recolección de basura, mantenimiento y servicios públicos.
La propuesta contempla que quienes contribuyen económicamente al destino turístico también participen en su conservación. Sin embargo, el planteamiento generó división entre los integrantes del Cabildo y apenas alcanzó la mayoría simple durante la más reciente sesión.
Quienes votaron a favor de la propuesta fueron: Maribel Rodríguez Orozco, Israel Santillán, José Antonio Arreola, Carmen Valencia, Cristina Morán, Elizabeth Delgado, Isabel Delgado y Octavio Valencia
Ahora corresponderá a la Tesorería municipal realizar el análisis financiero y jurídico para determinar la viabilidad de la medida. En caso de avanzar, el cobro tendría que incorporarse a la Ley de Ingresos y ser aprobado por el Congreso estatal antes de poder aplicarse.
