Morena parece haber encontrado una fórmula política peculiar: primero genera el incendio y después sale a explicar cómo apagarlo.

El caso de Nayarit deja más preguntas que respuestas. La dirigencia del partido justificó la designación de Jasmín Bugarín con el argumento de la paridad de género, aun cuando reconoció que Héctor Santana había obtenido el primer lugar en las mediciones internas.

Si esa era realmente la razón, hay preguntas que Morena tendría que responder: ¿por qué permitieron que Héctor Santana participara en la contienda?, ¿por qué lo dejaron llegar hasta el proceso de medición y generar expectativas en su equipo?, ¿y por qué el propio Santana aceptó posteriormente la decisión?

También está el caso de Geraldine Ponce. Morena conocía los agravios y las diferencias políticas entre la alcaldesa y el gobernador, así como las consecuencias que una determinada nominación podía generar dentro del partido. Entonces, ¿la decisión fue únicamente producto de una regla de género o también hubo una negociación política para evitar mayores fracturas?

Se habla de acuerdos, de posiciones futuras, de una posible senaduría para Geraldine y una diputación para Santana. Si esos acuerdos existen, corresponde a Morena aclararlos y no dejar que sean las especulaciones las que llenen los espacios.

Y mientras los grupos políticos acomodan sus piezas, queda una pregunta mucho más importante: ¿dónde queda el pueblo?

Porque hay otro elemento que resulta difícil pasar por alto. Morena impulsa una reforma para limitar la doble nacionalidad de quienes aspiren a una gubernatura, mientras su propia decisión en Nayarit coloca en el centro del debate a una persona cuya nacionalidad estadounidense ya fue reconocida públicamente.

Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Se aplica desde ahora, después, o depende de quién se trate? Morena ha criticado durante años las viejas formas de hacer política: los acuerdos en lo oscurito, las decisiones tomadas por las cúpulas y el alejamiento de la ciudadanía y terminan haciendo lo mismo.