La Cámara de Diputados aprobó, con 419 votos a favor, una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de castigar el reclutamiento forzado de personas por parte de grupos delictivos, así como reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes.
La reforma fue avalada tanto en lo general como en lo particular y establece penas de entre 10 y 20 años de prisión, además de multas de 5 mil a 150 mil días, para quienes recluten, incorporen o induzcan a una o más personas a integrarse a organizaciones criminales mediante medios electrónicos o cualquier otro mecanismo.
Las sanciones aumentarán a 15 y hasta 35 años de prisión, con multas de 10 mil a 80 mil días, cuando el reclutamiento se realice mediante amenazas, intimidación, violencia física o moral, coacción o abuso de poder.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será sancionado como reclutamiento forzado, con el propósito de garantizar la protección de sus derechos y el interés superior de la niñez.
Aunque organizaciones civiles señalan que no existen cifras oficiales específicas sobre cuántos menores son reclutados por el crimen organizado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que, entre 2021 y 2024, alrededor de 889 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Entre los delitos registrados se encuentran homicidio, feminicidio, tráfico de estupefacientes, secuestro, desaparición forzada, lesiones, robo de vehículos y extorsión.
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano ha advertido sobre la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante el reclutamiento criminal, con especial preocupación en entidades como el Estado de México, Jalisco, Chiapas y Puebla.
La reforma también contempla medidas para facilitar la investigación de estos delitos y proteger a las víctimas. Entre ellas, establece que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin esperar a que se presente una denuncia formal.
Esta disposición busca atender una de las principales dificultades para perseguir el reclutamiento forzado: muchas víctimas permanecen bajo amenazas, temen represalias o se encuentran bajo el control de sus agresores, lo que les impide acudir directamente ante las autoridades.
Con estos cambios, se busca fortalecer las herramientas legales para combatir el reclutamiento por parte de grupos criminales y brindar mayor protección a las personas afectadas.
