El pueblo pone, pero el pueblo no quita. Al menos, eso parece, pues el alcalde Luis Munguía libró la posibilidad de una suspensión temporal de su cargo, pese al descontento que su administración genera entre ciudadanos.
La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso de Jalisco declaró improcedente la propuesta de suspensión temporal del presidente municipal, al determinar que no existían elementos suficientes para proceder.
Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, ciudadanos expresaron su inconformidad y cuestionaron la determinación de los legisladores. Para muchos, basta con recorrer Puerto Vallarta para advertir el deterioro de sus calles y los problemas que enfrenta la ciudad. En sus palabras, Vallarta está hecho “pedazos”.
Y aunque las críticas ciudadanas no sustituyen las pruebas ni los procedimientos legales, sí reflejan una percepción que las autoridades no deberían ignorar. La inconformidad no surge únicamente de una resolución legislativa, sino también de las condiciones que los habitantes observan diariamente en su municipio.
El caso se remonta al pasado 22 de septiembre de 2026, cuando se informó que un tribunal de Jalisco había ordenado iniciar un procedimiento para suspender al alcalde sin goce de sueldo, ante presuntos incumplimientos legales e irregularidades. El asunto fue turnado a la comisión correspondiente para su análisis.
Sin embargo, tras revisar el planteamiento, la comisión determinó que no había elementos suficientes para avanzar con la suspensión.
Aquí es donde surge la pregunta de fondo: ¿qué tanto pesa el descontento de la ciudadanía cuando se trata de exigir responsabilidades a sus gobernantes?
Los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes en las urnas, pero removerlos de sus cargos no depende solamente de la voluntad popular expresada en comentarios o reclamos. Existen mecanismos legales y políticos que deben cumplirse.
Esta vez, los diputados le dicen NO a los vallartenses.
