El Diario Oficial de la Federación publicó una reforma a la Ley de Amnistía que permite al Presidente de la República indultar directamente a personas encarceladas, sin necesidad de un proceso judicial.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer un decreto que modifica la Ley de Amnistía, otorgando al Presidente de la República la facultad de indultar de manera directa a personas encarceladas. Esta reforma permite que el Presidente conceda la amnistía sin necesidad de seguir el procedimiento previamente establecido en la ley.
El documento señala que, por determinación exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa. Sin embargo, se establecen ciertas condiciones: la amnistía se concederá a quienes aporten elementos comprobables útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado Mexicano y que se encuentren bajo acción penal, en proceso o sentenciados por cualquier delito.
La Secretaría de Gobernación (Segob) destaca que la amnistía es un instrumento para conceder el perdón a personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, resultando en la extinción de acciones penales y sanciones. Antes de la modificación, la ley permitía la libertad a quienes cometieron delitos contra la salud bajo situaciones de vulnerabilidad, como personas indígenas sin intérprete durante su proceso, por robo simple sin violencia, sedición y aborto.
Durante su campaña, López Obrador justificó esta medida como un esfuerzo para pacificar el país. Sin embargo, esta reforma ha sido objeto de críticas. José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro y especialista en materia jurídica, advierte que las futuras amnistías presidenciales podrán otorgarse sin vinculación judicial o ministerial, y sin la obligación de reparar el daño a las víctimas. Cossío Díaz anticipa que los legisladores de la minoría podrían iniciar acciones de inconstitucionalidad y que las víctimas presentarán demandas de amparo.
Por su parte, Enrique Sosa, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), criticó duramente la reforma, afirmando que el Presidente tendrá “las llaves de la cárcel” y podrá liberar a cualquiera, incluso a aliados del crimen organizado, como ocurrió durante “El Culiacanazo”. Sosa subrayó el riesgo de que futuras administraciones federales abusen de esta facultad, advirtiendo sobre la posibilidad de que un futuro Presidente pueda vender indultos y asociarse con el crimen organizado.
Además, el DOF publicó una modificación a la Ley de Amparo, eliminando el párrafo que permitía a los jueces suspender leyes, normas y obras impugnadas en los tribunales. Esta medida es vista como una respuesta a los enfrentamientos entre el Presidente López Obrador y el Poder Judicial, cuyas decisiones han sido críticas a los planes del Mandatario.
Las bancadas de oposición han anunciado su intención de impugnar esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
