La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló irregularidades en el manejo de 563.6 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023. 457 millones corresponden al sector educativo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el primer informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2023, correspondiente al penúltimo año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En esta primera entrega, la ASF determinó que se debe aclarar el destino de 563 millones 636 mil pesos.
De los montos pendientes por aclarar, 457 millones 767 mil pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). En total, se realizaron 36 auditorías al gasto federalizado programable, 31 de ellas al FAETA, abarcando una muestra de 7 mil 846 millones de pesos.
David Colmenares, titular de la ASF, detalló que estos montos aún no son definitivos, ya que el proceso de fiscalización no ha concluido. Existen procesos de investigación, seguimiento y aclaración en curso, por lo que los montos señalados pueden ser revertidos o solventados, y no necesariamente representan desvíos.
“Hay controles y plazos para asegurar que las entidades fiscalizadas puedan presentar toda la documentación necesaria a fin de atender las observaciones y hallazgos de la Auditoría. Las actualizaciones emitidas constituyen efectos lógicos de la fiscalización superior para corroborar un hecho y con ello corregir desviaciones”, sostuvo.
Colmenares también indicó que el número total de auditorías programadas para la Cuenta Pública 2023 creció un 4.8%, pasando de 2,153 a 2,258. En esta primera entrega se presentan 68 informes individuales: 49 de cumplimiento financiero, 17 de inversiones federales y 2 de TIC. Del total de auditorías, 32 fueron practicadas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y 36 por Gasto Federalizado.
Las irregularidades detectadas abarcan observaciones por incumplimiento normativo en la transferencia y destino de los recursos, manejos ineficientes en servicios personales, adquisiciones y arrendamientos, así como incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Las entidades con los mayores montos pendientes por aclarar son Guerrero, con 148.8 millones de pesos; Veracruz, con 73.3 millones de pesos; Chihuahua, con 44.7 millones de pesos; Estado de México, con 38.9 millones de pesos; y Chiapas, con 32.9 millones de pesos.
