Un escándalo relacionado con el manejo indebido de datos personales en la Coordinación Municipal de Sida (Comusida) de Puerto Vallarta culminó con la presunta renuncia de su titular, Leticia Enedina, luego de denuncias presentadas por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Hasta el momento, se ha anunciado la presunta renuncia de Leticia Enedina a la dirección de COMUSIDA, sin embargo, no se ha emitido una postura oficial por parte del gobierno municipal o del organismo.
Esta situación surgió el pasado 29 de julio, cuando un usuario de COMUSIDA denunció que fue contactada por una estudiante universitaria, quien afirmó haber recibido su información personal directamente de la dependencia municipal para aplicar una encuesta sobre VIH, sin que mediara consentimiento previo. La estudiante, al ser cuestionada por colectivos locales, aseguró que fue la propia coordinadora de COMUSIDA quien le proporcionó los datos y autorizó la aplicación del cuestionario, argumentando falta de personal disponible.
Organizaciones como Círculo Rojo, PrEP Vallarta, IncluY, MOVii, Vallarta Trans, Vallarta Gay Plus Centro Comunitario y Conexión Vallarta LGBT respaldaron la denuncia, advirtiendo una grave vulneración a los derechos de privacidad de las personas usuarias, además de la inexistencia de protocolos claros de consentimiento informado.
Los colectivos denunciaron la titular admitió que existe un convenio con la universidad privada y que la encuesta sería anónima. Reiteraron que no hay ninguna justificación para entregar datos personales, mucho menos diagnósticos médicos, sin consentimiento.
De igual manera, fue entregado un escrito al Consejo Estatal para la Prevención del VIH/Sida en Jalisco (COESIDA), solicitando una investigación para esclarecer los hechos y reforzar los mecanismos de protección de datos en servicios relacionados con el VIH. El jueves pasado, activistas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por presunto abuso de autoridad.
Organizaciones involucradas continúan exigiendo transparencia, sanciones y garantías de no repetición.
