La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, presentó un proyecto de contradicción de criterios 59/2025, que busca modificar el cálculo de las indemnizaciones por daños patrimoniales derivados de la muerte accidental de un trabajador.

La propuesta establece que estas compensaciones se determinen en base a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a aproximadamente 565 mil pesos, en lugar de los actuales 5 mil salarios mínimos generales, que ascienden a 1 millón 394 mil pesos.

De aprobarse, el cambio implicaría una reducción de hasta 829 mil pesos por caso, argumentando una “adecuación técnica” para alinear las indemnizaciones con la UMA, unidad diseñada originalmente para multas administrativas y actualizaciones inflacionarias.

Batres retiró una iniciativa similar el pasado 2 de octubre, pero ahora insiste en su implementación ante el Pleno de la Corte.

La propuesta ha generado críticas inmediatas de organizaciones como la Asociación Nacional de Transportistas de Carga y la Asociación de Protección a Víctimas de Accidentes que la califican de “retroceso” al “abaratar la vida de los trabajadores” y dejar en mayor vulnerabilidad a las familias afectadas.

Según expertos, el debate no es solo técnico, sino que redefine el valor asignado a la integridad laboral en México, en un contexto donde los accidentes de trabajo siguen cobrando cientos de vidas al año.
El proyecto será discutido en sesión del Pleno de la SCJN en los próximos días, donde se resolverá si se adopta este criterio vinculante para tribunales inferiores.