Fue presentada una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por presuntas violaciones a derechos humanos derivadas de la negativa del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y de la Comisaría de Seguridad Pública para entregar y activar el dispositivo de protección “Pulso de Vida” a la regidora Melissa Madero víctima de violencia, pese a existir riesgo documentado y un proceso penal en curso.
De acuerdo con la queja, las autoridades municipales incurrieron en una omisión grave y reiterada al no atender solicitudes formales ni oficios urgentes emitidos por instancias estatales, aun cuando se advirtió sobre el riesgo inminente para la integridad y la vida de la regidora. La denuncia señala como responsables a autoridades municipales, al considerar que tenían pleno conocimiento del contexto de riesgo y, aun así, no ejecutaron la medida de protección ordenada.
Los antecedentes indican que desde agosto de 2025, tras la vinculación a proceso del presunto agresor por delitos de acoso, se solicitó formalmente el dispositivo ante el Centro de Justicia para las Mujeres. La petición fue reiterada en noviembre del mismo año sin que se concretara la entrega, pese a que las medidas cautelares vigentes resultaron insuficientes para detener el hostigamiento.
La omisión se agravó el 5 de febrero de 2026, cuando la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco emitió por tercera ocasión un oficio urgente instruyendo a las autoridades municipales a asignar de inmediato el dispositivo. Un día después, los oficios fueron presentados nuevamente de manera física en oficinas del Ayuntamiento, donde se acusó recibo, sin que se cumpliera la instrucción.
Según la denuncia, esta falta de acción no corresponde a un retraso administrativo menor, sino a una omisión institucional que vulnera derechos fundamentales, al impedir la aplicación de una medida de protección diseñada para prevenir agresiones de consecuencias irreparables. El escrito sostiene que las autoridades incurrieron en falta de debida diligencia reforzada, contraviniendo obligaciones constitucionales, legales y tratados internacionales.
Ante la situación, se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco la emisión de una medida cautelar para ordenar la entrega, activación y capacitación del dispositivo “Pulso de Vida” en un plazo no mayor a 12 horas, así como un informe que explique las razones por las que no se atendieron las solicitudes realizadas desde agosto de 2025.
