Un juez federal evidenció deficiencias en la integración de la primera solicitud de orden de aprehensión presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 23 personas señaladas por su presunta participación en un esquema de “huachicol” fiscal.
En su resolución del 22 de junio, un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, determinó que la FGR no sustentó adecuadamente cómo los hechos investigados encuadraban en delitos como delincuencia organizada, ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando, por lo que negó la orden de aprehensión.
El expediente incluía una denuncia por contrabando derivada de un oficio fechado el 16 de junio, firmado por Isaac Alejo Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en contra de diversas empresas.
Sin embargo, el juez señaló que dicho funcionario carece de facultades legales para presentar este tipo de denuncias, precisando que esa atribución corresponde a áreas como la Dirección General Jurídica de Aduanas o las direcciones de lo Contencioso y Amparos, que sí pueden acreditar un posible perjuicio al fisco federal.
Semanas después, la FGR presentó una nueva solicitud, ampliando el número de acusados a 25 e incorporando al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La nueva petición incluyó 465 páginas 23 más que la anterior y 96 datos de prueba, es decir, 13 adicionales respecto a la primera versión. En esta ocasión, una jueza de guardia concedió la orden de aprehensión el pasado 14 de julio.
El caso pone en evidencia fallas iniciales en la integración de investigaciones por delitos fiscales y de hidrocarburos, así como la necesidad de fortalecer los procedimientos legales en procesos de alto impacto.
