La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) determinó una posible recuperación de 75 millones 81 mil 243.78 pesos a favor de la Hacienda Pública Municipal de Puerto Vallarta, luego de revisar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
El monto deriva de observaciones que, de acuerdo con el órgano fiscalizador, no fueron debidamente aclaradas o justificadas durante el proceso de revisión. En ese periodo formaron parte de la administración municipal Luis Michel Rodríguez y Pepe Martínez, por lo que las observaciones corresponden al ejercicio en el que estuvieron al frente del Ayuntamiento.
En el rubro de auditoría financiera se emitieron diversas observaciones en materia de compras, pagos irregulares; 12 no fueron atendidas y una quedó parcialmente solventada, lo que representa un probable daño a la Hacienda Pública por 16 millones 925 mil 118.17 pesos.
En materia de obra pública, acerca de las construcciones de calles y otras obras, la ASEJ formuló 21 observaciones por un monto de 123 millones 97 mil 71.86 pesos.
De estas, siete no fueron atendidas y dos quedaron parcialmente solventadas, por lo que se determinó un probable daño por 35 millones 779 mil 490.01 pesos.
El mayor número de observaciones se concentró en el apartado de Fraccionamientos y acciones urbanísticas, el cual tiene que ver con las licencias, permisos o cobros a desarrollos urbanos, donde se emitieron 60 observaciones por 147 millones 422 mil 804.63 pesos.
De ellas, 12 no fueron solventadas y una quedó parcialmente atendida, lo que representa un probable daño por 22 millones 376 mil 635.60 pesos. Además, en una de las observaciones persistieron hallazgos adicionales.
La ASEJ señaló que los resultados serán turnados a las instancias competentes, que deberán determinar, en su caso, las responsabilidades administrativas y resarcitorias correspondientes.
El órgano fiscalizador aclaró que todavía no es posible señalar responsables definitivos, debido a que el procedimiento de fiscalización continúa con etapas posteriores.
Será hasta que concluyan los procedimientos correspondientes cuando se determine si existe responsabilidad y, en su caso, el monto que deberá ser resarcido.
