El condominio Punta Paraíso, ubicado en San Pancho, en Bahía de Banderas, comenzó a presentar afectaciones en su infraestructura, en un contexto de cuestionamientos por la ocupación en terrenos federales y la legalidad de las construcciones en la franja costera.
Los daños estarían relacionados con los efectos del oleaje y las condiciones del mar derivadas del paso del huracán Trudy, así como de otros fenómenos meteorológicos que han impactado la región.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el 13 de agosto de 2009 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa Pacific Lifestyle Properties una concesión sobre 1,469.92 metros cuadrados de zona federal, destinada exclusivamente a la conservación natural. No obstante, posteriormente se construyeron dos torres de condominios en el desarrollo.
Además, establece una vida útil estimada de 50 años, condicionada a que se realicen los trabajos correspondientes.
El documento también registra, una inversión de 3 millones 681 mil 857 pesos para la preparación del sitio y construcción, así como una inversión anual de 500 mil pesos para operación y mantenimiento.
En cuanto a las dimensiones del proyecto, la MIA señala una superficie de ocupación de 2,228.94 metros cuadrados, una superficie total de construcción de 6,597.78 metros cuadrados y un terreno de 5,366.53 metros cuadrados.
En la documentación ambiental se menciona la licencia de uso de suelo número DDUE/LICUSO/0001/2017, atribuida a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el documento refiere como fecha de expedición el 3 de enero de 2007, lo que presenta una discrepancia con el año incluido en el número de la licencia.
Cabe recordar que en octubre de este año, un Tribunal Colegiado habría confirmado una orden de demolición y retiro de obras de las dos torres construidas en terrenos ganados al mar.
El caso de Punta Paraíso vuelve a abrir el debate sobre la ocupación y el aprovechamiento de la franja costera, el cumplimiento de las autorizaciones ambientales y urbanísticas, y las condiciones de seguridad de las edificaciones expuestas a la dinámica del mar.