Diputados votaron a favor de desechar la cláusula de publicidad del Registro Público del Estado de Nayarit. Se aprobó con 21 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. El dictamen fue propuesto por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, e impedirá acceder a la información de este registro.
La cláusula que se eliminó del artículo 2 establecía lo siguiente:
“Todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán disponibles para su consulta en el sitio de Internet del Registro Público de forma accesible”.
Mientras que en la fracción octava del artículo 6 se eliminó la disposición que establecía el acceso a la información:
“Que cualquier persona podrá consultar y solicitar, se le muestren los asientos registrales”.
Asimismo se creó una “alerta registral”, mecanismo que notificará a los propietarios sobre solicitudes de inscripción o certificación que se hagan relacionadas con sus propiedades ante el Registro Público de la Propiedad. Es decir, se informará cuando se lleven a cabo acciones que afecten o modifiquen el estatus jurídico de los inmuebles para evitar que se lleven a cabo actos fraudulentos. Aquellas personas que no acrediten un interés jurídico, no podrán obtener la información solicitada.
La iniciativa fue presentada por el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero con la justificación de recuperar aquellos terrenos y propiedades que asegura fueron vendidos de manera irregular dentro del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Sin embargo, esto es más una medida preventiva, pues con esto no podrán recuperar los bienes asegurados.
Cabe mencionar que las solicitudes que se hagan sólo serán consultadas por interesados jurídicos y propietarios previo pago.
Algunos piensan que esto violenta el derecho fundamental de acceso a la información para periodistas pero también para acreedores alimentarios, pues no podrán justificar que un sujeto pueda pagar deudas y obligaciones teniendo como garantía sus propiedades.
Además esta ausencia de transparencia en el acceso a la información del Registro Público de la Propiedad dificulta toda investigación periodística sobre la compra de bienes inmuebles por parte de funcionarios, misma que ha abonado a identificar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de servidores públicos.
