En medio del conflicto por Playa Las Cocinas, las declaraciones de la fiscal general de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, han generado cuestionamientos tras resultar contradictorias sobre las órdenes de aprehensión contra activistas.
Días atrás, la propia fiscal había confirmado públicamente la existencia de órdenes de aprehensión en contra de defensores de la playa. Sin embargo, recientemente afirmó que, aunque dichas órdenes sí fueron obtenidas, no se han ejecutado ni se ejecutarán, pese a que según sus propias palabras, las personas señaladas ya estaban ubicadas.
“Nosotros teníamos las órdenes de aprehensión, las personas estaban en el lugar y no las ejecutamos”, declaró, al tiempo que explicó que la decisión se debió a que ese mismo día se alcanzaron acuerdos y negociaciones entre la empresa desarrolladora, autoridades estatales y el gobernador.
La funcionaria detalló que las órdenes fueron emitidas por un juez de control por delitos como daños a propiedad ajena y amenazas; no obstante, justificó que, al tratarse de delitos de querella, el proceso podría detenerse si la parte afectada otorga el perdón legal.
Además, señaló que algunos de los detenidos durante las manifestaciones no fueron arrestados por órdenes judiciales, sino en flagrancia, y que fueron liberados horas después como parte de las negociaciones.
Pese a que confirmó que existen al menos ocho personas con órdenes de aprehensión, insistió en que no hay intención de ejecutarlas, ya que los implicados están amparados y el conflicto se mantiene en una vía de diálogo.
Las declaraciones han generado dudas, ya que previamente la Fiscalía había dado a entender que las acciones legales avanzarían, mientras que ahora se plantea un escenario en el que, aun existiendo mandatos judiciales, estos no serán cumplidos.
Finalmente, la fiscal subrayó que no se han presentado nuevas denuncias tras la conclusión de las obras en la zona y reiteró que el tema de fondo corresponde al ámbito federal, al tratarse de permisos en la zona marítimo-terrestre.
