La diputada Andrea Navarro presentó una iniciativa para modificar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de combatir la publicidad que ofrece “playas privadas”, “playas exclusivas” o “acceso privado” en destinos turísticos del país.
Durante la presentación de la propuesta, la legisladora sostuvo que el acceso al mar es un derecho y que las playas pertenecen a todas y todos. Señaló que desarrolladoras inmobiliarias, agencias de viajes y plataformas digitales continúan promocionando propiedades, membresías y hospedajes bajo la promesa de contar con espacios de playa exclusivos o privados.
De acuerdo con Navarro Pérez, esta práctica puede llevar a los consumidores a pagar sobreprecios de hasta 40% por una supuesta exclusividad que, jurídicamente, no existe.
“No existen las playas privadas. El artículo 27 establece que las playas, en especial la Zona Federal Marítimo Terrestre, pertenecen originalmente a la nación (…) son de México y su pueblo”, afirmó.
La diputada señaló que este tipo de publicidad se ha vuelto recurrente en destinos turísticos como Tulum, Quintana Roo; Los Cabos, Baja California Sur, y distintas playas de Jalisco, particularmente en la promoción de hoteles, desarrollos inmobiliarios y tiempos compartidos.
La propuesta plantea reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para fortalecer las facultades de la autoridad y permitir una vigilancia permanente de páginas de internet, plataformas de reservaciones y redes sociales.
El objetivo sería detectar y retirar anuncios que utilicen expresiones como “playa privada”, “playa exclusiva” o “acceso privado”, cuando se trate de espacios que legalmente no pueden ser considerados de propiedad o uso exclusivo.
Navarro Pérez aclaró que la iniciativa no pretende frenar la inversión turística ni el desarrollo inmobiliario en las costas, sino evitar que los consumidores sean atraídos mediante promesas que, según expuso, no corresponden con el marco jurídico.
“No se trata de estar en contra de la inversión o del turismo. Se trata de que la inversión se haga con la verdad por delante y de que ningún desarrollador, por más poderoso que sea, pueda venderle a una familia mexicana o a un visitante extranjero algo que la Constitución prohíbe”, sostuvo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis y dictamen.
