Diversos medios nacionales han empezado a manejar una lista de al menos 44 políticos mexicanos que estarían siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos por tener posibles nexos con el crimen organizado. Entre los nombres que se manejan están 7 gobernadores activos (como Ruben Rocha, Miguel Ángel Navarro y Samuel García), el ex gobernador Enrique Alfaro, los legisladores Ricardo Monreal y Adán Augusto López, entre otros.

Hace días la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, compartió que al igual que a su esposo (Carlos Torres), a ella también se le había retirado su visa para poder entrar a Estados Unidos, en sus palabras, sin razón alguna.

Medios nacionales han empezado a hacer eco en una supuesta “lista negra” que autoridades estadounidenses tendrían de funcionarios públicos mexicanos que estarían investigando por tener nexos con el crimen organizado.

Pues al parecer, junto a del Pilar estarían otros seis gobernadores activos en la mira de EEUU: Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León), Layda Sansores (Campeche) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); además del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Se dice que en total son 44 los políticos señalados, en donde también están incluidos:

Ricardo Monreal Ávila.
Adán Augusto López.
Clara Luz Flores.
Manuel Bartlett.
Mario Delgado.

Sobre el tema, el diputado Monreal ha sido de los pocos que se ha pronunciado al respecto, asegurando que el que nada debe nada teme, y que él está muy tranquilo sobre el tema.

RETIRO DE VISA A MONREAL: “EL QUE NADA DEBE, NADA TEME”… PERO MEJOR NI PISA EE.UU. 🙃

Tras los rumores de que su visa fue retirada por presuntos vínculos con el crimen organizado, Ricardo Monreal responde con filosofía de estampita: “El que nada debe, nada teme”.

Eso sí, de… pic.twitter.com/Y9OewoMV6D

— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 15, 2025

Hasta el momento, no se ha hecho oficial el retiro de visas u otra medida cautelar de parte del gobierno de Estados Unidos hacia otro funcionario o ex funcionario mexicano que no sea la gobernadora de Baja California.