Hostigamiento, injerencias políticas y presiones se registran al interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento encabezado por Héctor Santana, según denuncias presentadas por trabajadores en un documento dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit y al Gobierno del Estado. En las quejas, se señala que el yerno del presidente municipal estaría involucrado en los hechos.
En el documento se describe una “situación crítica” atribuida a presuntas “injerencias políticas” y “actos de hostigamiento” que, de acuerdo con el texto, han afectado el funcionamiento del área. Entre los señalamientos se menciona que el subdirector, David Dávalos, tendría una carpeta de investigación activa en la Fiscalía por presuntas irregularidades, así como la existencia de supuesta presión hacia el personal, lo que habría derivado en el traslado de la encargada del Archivo Técnico a otra área.
También se hace referencia a dos funcionarias, Grecia Alejandra González Órnelas y Nidia Ortiz Ramírez, que según el documento fueron dadas de baja en un procedimiento que “no ha surtido efecto”, lo que habría generado afectaciones en la operatividad de la dirección.
El escrito menciona la presunta participación de personas ajenas a la dependencia en decisiones administrativas, el cual sería el caso de un familiar del presidente municipal, Héctor Javier Santana García. Asimismo, se menciona a Diego Hernández, quien tiene reportes internos por presunto acoso, además de ejercer un “esquema de presión y boicot institucional” que, según el documento, estaría afectando las funciones principales del área.
Otro de los temas tocados en el contenido es el relevo de personal por personas con menor preparación, lo que, de acuerdo con el texto, podría comprometer la eficiencia de la administración y dar paso a decisiones “influenciadas por intereses ajenos a la normatividad”.
Ante las situaciones declaradas, se hace un listado de solicitudes por parte de quienes lo elaboraron:
- Ejecutar de inmediato las bajas autorizadas de Grecia Alejandra González Órnelas y Nidia Ortiz Ramírez.
- Instruir una revisión y, en su caso, una investigación sobre el actuar del subdirector David Dávalos y de los demás involucrados.
- Adoptar medidas que garanticen el respeto a los derechos laborales y el correcto funcionamiento de la Dirección.
- Implementar acciones urgentes de protección para los trabajadores que han denunciado hostigamiento y represalias.
- Solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit para dar seguimiento y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los empleados que han sido objeto de presiones institucionales.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre el contenido de este documento.
