El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el mecanismo de verificación de integridad de candidaturas que permitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) consultar información de instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sector financiero para identificar posibles vínculos entre el crimen organizado con personas aspirantes a cargos de elección popular.
La resolución se dio luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnara la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE. El proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
De acuerdo con la resolución, el objetivo del mecanismo es proporcionar información a partidos políticos y candidaturas independientes para apoyar la toma de decisiones sobre las postulaciones, sin convertir esta revisión en un requisito adicional de elegibilidad.
Las ministras y ministros determinaron que la participación de los partidos y de las personas aspirantes es voluntaria, por lo que no someterse a la evaluación de riesgo no genera consecuencias jurídicas sobre el registro de una candidatura.
La Corte también avaló que instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras proporcionen información de carácter indiciario para identificar posibles riesgos. Estos datos no representan una determinación de responsabilidad penal.
Asimismo, el Pleno validó el tratamiento de datos personales contemplado en el mecanismo, al considerar que cumple con un examen de proporcionalidad.
Finalmente, la SCJN determinó que la coordinación con otras instituciones no vulnera la autonomía del INE, debido a que el organismo electoral conserva la rectoría del procedimiento, mientras que los organismos electorales locales mantienen sus facultades para registrar las candidaturas.
