Jueza admite amparo contra Ernestina Godoy y 32 fiscalías por falta de conexión en el Banco Nacional de Datos Forenses

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Una jueza federal admitió un amparo promovido por dos madres buscadoras contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy y, las 32 fiscalías estatales del país, por la presunta omisión de interconectar sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). 

Se tratan de Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, quienes buscan que las autoridades garanticen el funcionamiento interconectado de la plataforma diseñada para concentrar y cruzar información que permita identificar restos humanos y relacionarlos con reportes de personas desaparecidas. 

El amparo fue admitido por Viridiana Berenice Quiroz Ángel, jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Como parte del procedimiento, las autoridades señaladas deberán informar en un plazo de 48 horas el estado real de la interconexión de sus bases de datos con el sistema nacional. 

De acuerdo con las madres buscadoras, hasta el 7 de octubre de 2026 no existía información pública suficiente sobre la operación del banco y su portal digital permanecía inactivo, situación que, declaran, dificulta las labores de identificación forense en el país. 

El reclamo se relaciona con el compromiso de la FGR para habilitar mecanismo tecnológicos para conectar en tiempo real la información de las fiscalía estatales con el Banco Nacional de Datos Forenses. 

Aunque la jueza admitió la demanda, negó la suspensión provisional solicitada por las madres buscadoras. Según el criterio expuesto, concederla implicaría otorgar un beneficio de carácter permanente que tendría que resolverse en la sentencia definitiva. 

Ante esta determinación, las promoventes interpusieron un recurso de queja y solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para revisar la urgencia de que las fiscalía cumplan con sus obligaciones legales en materia de desaparición de personas. 

La audiencia constitucional, en la que se analizará el fondo del amparo y se determinará si procede ordenar la interconexión del banco de datos, quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, a las 10:30 horas. 

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