Docentes y padres de familia denuncian que la escuela Agustín Flores Contreras opera en condiciones insalubres por omisión de autoridades tanto municipales como estatales. Las aulas se inundan y los alumnos toman clases en pasillos.
En pleno siglo XXI, casi 200 alumnos de la escuela primaria Agustín Flores Contreras, ubicada en el corazón de Puerto Vallarta, continúan recibiendo clases entre humedad, pasillos improvisados y techos de lámina, mientras las autoridades responsables —municipales y estatales— brillan por su ausencia. La situación no es nueva, pero sí cada vez más alarmante: aulas inutilizadas por las inundaciones, material didáctico dañado y un proceso educativo obstaculizado por la negligencia gubernamental.
El problema, según denuncian docentes y padres de familia, es tan recurrente como ignorado. Las inundaciones, ya registradas en años anteriores, han vuelto a afectar de manera considerable las instalaciones escolares, particularmente la Dirección y los salones de primer grado. Lo más indignante es que los estudiantes han sido reubicados en pasillos y en una biblioteca improvisada como aula, lo que vulnera gravemente su derecho a una educación en condiciones dignas.
La directora del plantel, Lic. María Guadalupe Ramírez López, ha encabezado sin descanso las gestiones ante diversas dependencias, incluyendo Obras Públicas, sin obtener respuesta efectiva. Incluso, relata que el año pasado se realizó el desazolve de alcantarillas, pero el problema persiste. Como medida desesperada, se utilizaron recursos del programa “La Escuela es Nuestra” para construir un desagüe independiente, sin resultados satisfactorios.
“Ahora no se inunda como cascada, sino como muro llorón. La pared entera se humedece desde el primer día de lluvia. Los niños toman clases en pasillos. La biblioteca se acondicionó para eso. Esto no puede seguir así”, lamentó la directora.
Más allá del agua y la humedad, la precariedad estructural es evidente. Techos de lámina, cableado obsoleto con más de 80 años de antigüedad, falta de aire acondicionado y ventiladores que apenas funcionan en un clima caluroso y húmedo como el de Vallarta. A pesar de los esfuerzos de la comunidad escolar por financiar soluciones con actividades y aportaciones voluntarias, el abandono oficial es el obstáculo insalvable.
“Solicitamos el apoyo del Gobierno Municipal y Estatal para que vengan a realizar una revisión y se pueda encontrar una solución al problema. Por eso seguimos pidiendo su apoyo, para que volteen a ver nuestra escuela. Estas escuelas son muy antiguas, son de las primeras de Vallarta. Tenemos un cableado de más de 80 años que no permite instalar aire acondicionado. Somos de las pocas escuelas que no cuentan con aire acondicionado. Los techos son de lámina y, de los ventiladores que tenemos, algunos funcionan y otros no”, expresó la directora, visiblemente frustrada.
La directora también hizo un enérgico llamado:
“Requerimos que nos volteen a ver, que también somos parte del municipio de Puerto Vallarta y que somos escuelas del centro que nos tienen olvidadas. La escuela Agustín Flores Contreras y la escuela Teresa Barba son icónicas de aquí de Vallarta y se carece de apoyo”.
Una madre de familia, María Guadalupe González, también alzó la voz:
“Necesitamos un apoyo real para nuestros hijos, que son quienes pasan la mayor parte del tiempo aquí. Las aportaciones que damos no son suficientes para contar con una escuela en buenas condiciones. Gobierno, sí necesitamos que vengan a apoyarnos.”.
El caso de la escuela Agustín Flores Contreras no es aislado ni es actual, pero sí ejemplar. Muestra la distancia entre los discursos institucionales sobre la calidad educativa y la realidad de miles de estudiantes que enfrentan condiciones indignas para aprender. La omisión oficial deja en claro que la educación pública en muchas zonas de Jalisco es una promesa incumplida.
Ante ello, urge que el Gobierno Municipal y Estatal asuman su responsabilidad, con una evaluación técnica inmediata, inversión en infraestructura y soluciones permanentes. La educación no puede seguir dependiendo del esfuerzo voluntario de padres y maestros. Se trata de un derecho constitucional, no de una dádiva política.
