Al estilo PRIAN: 4T y aliados aprueban sin investigar

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La 4T y sus aliados han aprobado sin un estudio previo ni consultas a los sectores pertinentes, un impuesto que pone en riesgo a la industria crucerista y la economía de todos aquellos que dependen del turismo en las zonas costeras del país. Con los empresarios y ciudadanía en contra, los legisladores ahora están buscando justificar lo aprobado.

A propios y extraños les tomó por sorpresa que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República hayan aprobado en el presupuesto de ingresos del 2025 la implementación de una cuota de 860 pesos (42 dólares aproximadamente) a turistas extranjeros que pretendan desembarcar en los puertos mexicanos.

Este impuesto, según han mencionado algunos legisladores, ya existía y no es nuevo como algunos empresarios y medios de comunicación lo han planteado (se dejó de cobrar por la pandemia de Covid-19).

Recientemente, el diputado federal del distrito cinco de Jalisco, Bruno Blancas, estuvo en Puerto Vallarta para tratar de “aclarar” el contenido del proyecto y “justificar” su implementación, pero le resultó contraproducente porque en sus declaraciones deja entrever una clara ignorancia del tema y el mal actuar de las autoridades mexicanas. 

El diputado, confirmó que no se hicieron estudios previos, ni hubo mesas de trabajos ni con cruceristas ni tampoco con empresarios del sector turístico, y que apenas ahora (al parecer porque están viendo las reacciones negativas) abrieron el canal del diálogo con ellos. 

Además, comentó que no le preocupan las “amenazas” de las instituciones que manejan los cruceros porque “es imposible que dejen de visitar México y se vayan al Polo Norte”. 

Blancas añadió que lo recaudado con esta tarifa será destinado para contrarrestar las posibles políticas migratorias de Donald Trump que podrían generar deportaciones masivas hacía México. 

Entonces, en resumen, la 4T y sus aliados aprobaron algo que no está sustentado en una investigación, que no fue consultado con las personas a las que les afectará directamente, que no resuelve ninguna necesidad, cuyo proceso recaudatorio y administrativo no está transparentado, y que aparentemente buscará “ayudar” a quienes pudieran llegar al país mientras perjudican a los que ya viven aquí. 

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