A los casos del albergue “Vida Nueva” y del subfiscal Santiago Ramírez que dejaron en evidencia a las instituciones en Puerto Vallarta por su ineficiencia e incapacidad para impartir justicia y darle tranquilidad a los ciudadanos, se le suma el del Juez Francisco Barrera, quien habría insultado y amenazado a un padre de familia que denunció un presunto abuso sexual en contra de su hijo de 3 años.

En los últimos meses ha habido dos casos mediáticos en Puerto Vallarta en donde los entes que deben de velar por la integridad de los ciudadanos e impartir justicia terminan haciendo todo lo contrario: el caso del subfiscal Santiago Ramírez Jímenez (quien agredió a una de las secretarias de la fiscalía tras la celebración de una posada de la dependencia), y lo que pasó con el albergue “Vida Nueva” en donde el DIF estaba más preocupado por cuidar su imagen que por el bienestar de los infantes.

En Vallarta Independiente nos quedó la inquietud de en cuántas situaciones más las autoridades en el municipio no habían actuado de acuerdo a los principios y valores de la institución/órgano al cual pertenecen, y nos topamos con un caso que involucra a un juez.

Francisco Barrera Gómez, titular del Juzgado Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal, Especializado en Violencia contra la Mujeres del VIII Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta; fue recientemente cambiado de distrito porque está siendo investigado por un caso que involucra un presunto abuso sexual infantil.

De acuerdo a la información recopilada, un ciudadano (a quien llamaremos Pedro N para fines prácticos) se encuentra actualmente demandando a su ex cuñado porque presuntamente cometió abuso sexual en contra de su hijo de 3 años, quien poco antes de esta acusación, su ex pareja y madre de su primogénito lo denunció por violencia familiar, caso que no debió proceder porque no tenían ningún lazo familiar al momento de la aparente agresión (en todo caso debió ser clasificado como “violencia de género”) pero que temrinó llegando al juez Barrera.

Pedro N fue encontrado culpable (por palabras altisonantes de por medio, no por agresión física) y lo condenaron a pagar una multa de poco más de 5 mil pesos, acudir periódicamente a firmar a la fiscalía y recibir atención psicológica; sin embargo, tras la audiencia, el juez Francisco Barrera se acercó a él para insultarlo y amenazarlo con quitarle a su hijo temporalmente si no desistía de su denuncia en contra de su ex cuñado.

Esta situación, quedó parcialmente grabada en vídeo y Pedro N pudo interponer una queja administrativa en contra de Barrera Gómez ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, lo que derivó que, como ya se había mencionado, el juez fuera momentáneamente cambiado de distrito.

El actuar de Francisco Barrera es apenas la punta del iceberg en este supuesto caso de abuso sexual infantil, pues el DIF nuevamente brilla por su ineficacia a la hora de proteger la niñez y la fiscalía pareciera que hace todo para encubrir a criminales y entorpecer las investigaciones para que éstos tengan tiempo de huir.

Para no extendernos tanto, enumeramos las acciones que evidencian lo anterior dicho:

Doctor que realizó prueba pericial al niño presuntamente abusado sexualmente dijo durante la examinación que si había indicios agresión sexual (hay un audio del médico); pero en su dictamen oficial lo negó.
La Fiscalía tardó más de tres meses en emitir como medida cautelar que el supuesto agresor abandonara la casa donde vivía el infante.
Un día antes de que la Fiscalía entregara el oficio al acusado para que abandonara la vivienda éste se fue de Puerto Vallarta ¿Coincidencia?
La delegada del DIF, Zayra Ordoñez, sólo atendió brevemente en una ocasión al padre del infante y en múltiples ocasiones se negó a verlo a pesar de que él se disponía a esperarla el tiempo que fuera necesario.
El psicólogo que atiende al niño se rehúsa a compartir informes de avances con el padre a pesar de que por ley está obligado a hacerlo.
Aunque el padre es quien denunció y pidió la intervención del DIF, el organismo constantemente le niega información del caso y le da prioridad a la mamá (quien pareciera buscar encubrir a su hermano).