Aunque la iniciativa de subsidiar hasta 3 mil 500 pesos en el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) a vecinos de dos colonias en San Vicente tiene las mejores intenciones de ayudar a la población a regularizar su patrimonio, lo cierto es que un cabildo municipal no tiene las facultades legales para condonar, crear o eliminar impuestos; se requiere que el congreso local apruebe este tipo de iniciativas por las repercusiones financieras que conllevan. Por lo que aunque la voluntad es la mejor, las formas no lo son.
El pasado miércoles 23 de abril el cabildo de Bahía de Banderas aprobó una iniciativa presentada por el presidente Héctor Santana que establece la firma de un convenio de colaboración para la gestión y regularización del suelo entre el ayuntamiento y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Esta propuesta pretende beneficiar a vecinos de los fraccionamientos Villas Miramar I y Villas Miramar II de la localidad de San Vicente, apoyándolos con un subsidio de hasta 3 mil 500 pesos por inmueble sobre el monto que se genere sobre el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI). Además, se les va a condonar el 100% de recargos sobre el impuesto predial.
Si bien, este proyecto tiene un tope máximo de 2 millones 500 mil pesos y su objetivo es ayudar a la población a regularizar su patrimonio; su aprobación incurre en algunas ilegalidades.
Una de ellas está relacionada a las leyes de ingreso y egreso del municipio para el ejercicio fiscal 2025, pues ninguna de las dos contempla esta prestación pública, por lo que las finanzas de la alcaldía se pueden desbalancear ya que tampoco se aclara de donde saldrán recursos “extra” para compensar este faltante en las arcas.
Sumado a que los cabildos no tienen las facultades legales para condonar, crear o eliminar impuestos; siendo estas atribuciones exclusivas de los congresos, por lo que implementar los subsidios previstos podrían hacer que el ayuntamiento de Bahía de Banderas viole leyes estatales y federales.
Y desde luego, eximir del pago de recargos por no hacer sus contribuciones al impuesto predial a tiempo abre la puerta a que la ciudadanía vea que no hay repercusiones por incumplir con sus obligaciones y pasado el tiempo pueden acceder a este tipo de “beneficios” para regularizarse.
Algo que también es de llamar la atención es que no se explica el porqué eligieron precisamente esas dos colonias de San Vicente para esta iniciativa, pues si bien, San Vicente era (o es) la quinta localidad que más adeudo de predial tiene el municipio (30 millones 957 mil 120 pesos); Litibú (53 mdp), Jardines del Sol (51 mdp), Flamingos (50 mdp) y La Misión (40 mdp) presentan más déficit en este rubro.
Dice el dicho “no hagas cosas buenas que parezcan malas”; esta propuesta fue sin duda elaborada con las mejores intenciones, pero las consecuencias legales que puede traer hace que la balanza de pros y contras se incline más (de momento) hacia las desventajas.
